La libertad de expresión en riesgo: nuestra perspectiva sobre el caso Richter en México
En Google estamos comprometidos con los principios de libertad de expresión y el importante papel que desempeñan las plataformas digitales para dar voz a todos. Creemos que una internet libre y abierta es esencial para el acceso a la información y el discurso democrático. Desde esta convicción fundamental, abordamos los desafíos relacionados con el contenido de terceros alojado en nuestras plataformas. Un caso presentado en 2014 por el abogado Ulrich Richter Morales en México, ha generado gran interés, y queremos compartir nuestra perspectiva.
El caso se originó a partir de un blog publicado por un usuario plenamente identificado en Blogger, una plataforma propiedad de Google LLC. El Sr. Richter alegó que este blog contenía información difamatoria y calumniosa que perjudicaba su reputación profesional y moral. Es importante entender que Google no genera ni edita el contenido que los usuarios publican en plataformas como Blogger. Nuestro papel es el de intermediario, ofreciendo el servicio que permite a las personas expresarse libremente en línea.
En este caso, la Sentencia de la Juez Décimo Civil en la Ciudad de México declaró a Google Inc. (hoy Google LLC) responsable de daño moral por tolerar y permitir que el blog se continuara difundiendo en su plataforma y la condenó al pago de una indemnización por daños cuyo cálculo carece de fundamentos y claridad, y que, mediante sentencia de apelación de la Octava Sala Civil de la Ciudad de México, se incrementó a más de 5,000 millones de pesos mexicanos (cerca de 260 millones de dólares), cantidad sin precedente alguno por daño moral. Por eso, hemos declarado públicamente que consideramos ambas resoluciones arbitrarias, excesivas, desproporcionadas e infundadas.
Esta sentencia plantea importantes preocupaciones en cuanto a la libertad de expresión y la posible responsabilidad de las plataformas en línea por el contenido creado por los usuarios. Creemos que sus efectos generan una forma de censura indirecta, lo cual está expresamente prohibido por la legislación mexicana y los tratados internacionales de los que México forma parte.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA abordó extensamente la cuestión de la responsabilidad de los intermediarios de internet, buscando equilibrar la protección de la libertad de expresión con la necesidad de abordar contenidos ilícitos. En sus principios clave, los intermediarios no deben ser considerados responsables por el contenido de terceros y cualquier medida de restricción de contenido debe ser ordenada por una autoridad judicial y cumplir con estándares internacionales de derechos humanos.
Responsabilizar a las plataformas por el contenido generado por los usuarios podría tener consecuencias graves sobre la libertad de expresión en línea. Organizaciones y expertos en el tema han levantado la voz y mencionado que, ante el riesgo de sanciones multimillonarias, las plataformas podrían sentirse obligadas a aumentar drásticamente los controles de moderación de contenido, lo que podría llevar a aplicar censura previa de publicaciones de usuarios. Este entorno podría limitar la diversidad de voces e información disponible en línea o incluso llevar a algunas plataformas a suspender sus operaciones en México, generando también un "efecto amedrentador" (chilling effect), que desincentive el desarrollo de nuevas plataformas en el ecosistema digital frenando la innovación.
Nos hemos defendido firmemente contra estas ilegales determinaciones a través de todas las instancias legales disponibles. Apelamos la sentencia inicial, e interpusimos un juicio de amparo en contra de la sentencia de apelación, mismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer por su relevancia y trascendencia. Confiamos en que la SCJN resolverá este caso en estricto apego a la ley y de conformidad con los criterios que ha emitido consistentemente en torno a la libertad de expresión, protegiendo así este derecho fundamental.
El caso ha generado gran interés público, con una amplia cobertura en diversos medios de comunicación de ese país. El Sr. Richter ha analizado con frecuencia el litigio y compartido su perspectiva sobre Google y temas relacionados a través de publicaciones de libros y numerosas columnas, especialmente en El Universal (al menos 27 entre 2017 y 2025 relacionadas con Google), y diversas entrevistas en medios de comunicación locales. También ha emprendido múltiples acciones legales de carácter civil y penal en contra de entidades, funcionarios y representantes de Google en México, así como en contra de jueces y organizaciones defensoras de derechos humanos que se han manifestado en favor de la libertad de expresión en este caso. Si bien respetamos el derecho de las personas a manifestar sus ideas libremente y a interponer los recursos legales a su alcance, creemos que la resolución definitiva de este caso debe basarse en los argumentos y las pruebas presentadas ante el tribunal, respetando el debido proceso y los principios fundamentales que protegen la libertad de expresión en línea.
Seguimos creyendo que las plataformas digitales desempeñan un papel fundamental para dar voz a todos y facilitar el acceso a la información. Nos comprometemos a defender estos principios a través del proceso legal y confiamos en que el fallo final equilibrará adecuadamente los derechos involucrados y sentará un precedente que salvaguarde la libertad de expresión en México.
